Clara Riveros
En diciembre de 2022 el Presidente del Perú, Pedro Castillo, sería cesado por “incapacidad moral permanente” por el Congreso de la República.
Si los hechos hubieran seguido su curso institucional, Castillo habría podido argüir o instrumentalizar ser víctima de un sistema corrupto e ineficiente, y con ello sumar respaldos internos y externos. No obstante, Castillo optó por adelantarse a los acontecimientos. Quiso disolver al Congreso y convocar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución, un libreto ya conocido en la región: “no se sabe a nombre de qué causa superior o irredenta, y así optó por darse un autogolpe que, probablemente, y a medio plazo lo termine convirtiendo en un cadáver político”, opinó Carlos Malamud, analista del Real Instituto Elcano de Madrid.
El Perú está acostumbrado a las crisis institucionales, que han arrojado como saldo seis gobiernos en los últimos seis años. Pese al dramatismo del momento, los mecanismos sucesorios funcionaron con una cierta normalidad y la vicepresidenta, Dina Boluarte, se hizo cargo de la jefatura del Estado. Sin embargo, los vicios de vieja data, más allá de que se celebren nuevos comicios, “seguirán afectando al nuevo Congreso y al nuevo presidente”, afirma Malamud. “Dará igual si son de izquierdas o de derechas, los problemas de ingobernabilidad seguirán siendo los mismos. Por eso, dado el actual momento de interinidad, la ocasión se presta para que el gobierno de Boluarte impulse una profunda reforma del sistema político y electoral antes de convocar a nuevas elecciones”.
2023 no empezó mejor. El domingo 8 de enero en Brasilia el asalto a Planalto (palacio presidencial), al Tribunal Supremo Federal y al Parlamento tan solo ha sido la crisis más reciente en una “región convulsa”. Este es “un capítulo más de un fenómeno de amplitud regional, e incluso global: democracias acosadas por populismos de derecha e izquierda con sus agendas iliberales y antidemocráticas”. Desde luego, la grave crisis desatada en Brasil “no viene de ahora ni se gestó en las últimas semanas”. Es más bien la puesta en escena de lo que se venía anunciando y que recuerda el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero de 2021. También se asimila como acto reflujo del comportamiento y las maneras asumidas por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien se negó a asistir al cambio de mando de su sucesor Mauricio Macri cuando finalizaba 2015.
¿Qué refleja el asalto a las instituciones brasileñas? Ha quedado claro que, en el medio plazo, Bolsonaro optó por apostar a la construcción de un relato que le permita proyectarse de cara a las elecciones de 2026 como la única alternativa frente a la izquierda y, de paso, dificultar la gobernabilidad de Lula (el nuevo Presidente), según los investigadores Carlos Malamud y Rogelio Núñez del Real Instituto Elcano. En términos generales, Lula ha sido respaldado no solo por los gobiernos extranjeros, sino también por las instituciones brasileñas e incluso por sus adversarios. “La prensa, de manera casi unánime, ha presentado a los manifestantes como golpistas y terroristas. El desafío radical debería servir para cohesionar al gobierno de coalición de Lula y para poder acabar con una situación ambigua donde el gobierno se vio en algunas ocasiones con las manos atadas”. Entre tanto, “Bolsonaro se ve crecientemente aislado en la política brasileña. Se ha desmarcado tímidamente de los hechos y su partido (el Liberal) los ha rechazado. La mayoría de los antiguos aliados de Bolsonaro han comenzado a alejarse”.
En cambio, instituciones como la Policía Militar mostraron una cuestionable adhesión a la institucionalidad democrática. “Los servicios de inteligencia no han estado a la altura, si bien la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) avisó el sábado 7 del peligro inminente de saqueos y violencia (…) En este sentido, no hay que excluir un escenario de mayor dureza con los golpistas y sus cómplices, que incluya el relevo de toda la cúpula militar”.
Una conducta semejante podría poner en peligro la coalición que tan trabajosamente logró urdir el actual presidente, con el riesgo que sus planes de recuperación social queden amenazados gravemente, dada la clara minoría parlamentaria del PT. Por esto, es de prever una actitud más moderada por parte de la administración federal”, precisaron Núñez y Malamud, quienes también destacaron que diferentes analistas observan que la región ha pasado de la “fatiga democrática”, que posibilitó el ascenso de figuras como Nayib Bukele [en El Salvador] y Jair Bolsonaro, a un estado más crítico y complejo de “acoso a la institucionalidad democrática y la emergencia de alternativas no democráticas que no rehúyen la tentación golpista, y que tienen en el malestar y la desafección ciudadanos su caldo de cultivo”.
No obstante, pese a sus flagrantes debilidades, las democracias de la región también han mostrado capacidad de reacción: “En Perú fracasó el autogolpe y Castillo fue detenido. Y en Brasil el bolsonarismo descarriló en su empeño de provocar el caos e impulsar un golpe militar para acabar con la presidencia de Lula”. Es posible que el nuevo gobierno de Lula salga reforzado de esa primera crisis.
Constanza Mazzina, doctora en ciencia política y coordinadora de DemoAmlat, observa que la situación de América Latina es preocupante por el retroceso democrático. “Desde la democratización la clase política permanentemente ha tratado de erosionar las instituciones democráticas. Todo ello ha ido agotando la paciencia ciudadana que hoy se muestra menos dispuesta a tolerar los excesos de los gobiernos y de los gobernantes”. El panorama es complejo porque al citado deterioro se suman nuevas formas de autoritarismo que llegan al poder a través de las urnas. Una vez allí los líderes de tendencia autocrática proceden a desmantelar las instituciones y a vaciar la democracia para mantenerse en el poder. Mazzina percibe una región fragmentada entre los regímenes autocráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la izquierda exhibe un doble estándar respecto de los autoritarismos que, si bien condena las dictaduras de los años 70 en América Latina, se ha mostrado incapaz de condenar a las dictaduras actuales.
Núñez y Malamud coinciden con Mazzina al subrayar que “la democracia en la región se ha deteriorado progresivamente desde su mejor momento (2006-2007) y todo indica que en 2023 va a continuar esa dinámica. Si en 15 años solo Cuba era considerado un régimen autoritario, actualmente se han sumado tres países: Nicaragua, Venezuela y Haití (este último un estado fallido). Además, están la alarmante deriva autoritaria en países como El Salvador y la crisis de gobernabilidad e institucional en Perú. Hay también un progresivo aumento del apoyo a candidaturas situadas en los extremos del espectro político (desde Antauro Humala en Perú a José Antonio Kast en Chile, incluyendo al bolsonarismo en Brasil) y de mandatarios que eligen la crispación como forma de gobernar (Rodrigo Chaves en Costa Rica y López Obrador en México) y prosperan en contextos de fuerte fragmentación y polarización”.
Por su parte, Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política (ICP/Colombia), explica que “América Latina está atravesada por una ola de autoritarismos, un deterioro de la institucionalidad democrática y una pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Si se mira el informe anual de Latinobarómetro, ha disminuido el apoyo de los ciudadanos a la democracia y ha aumentado la preferencia hacia otras formas distintas a la democracia. El apoyo al autoritarismo mantiene una tendencia de muchos años, pero sí preocupa ese apoyo de los ciudadanos al declive de la democracia y a las nuevas formas de expresión en la calle, muchas veces violentas, lo que hace que los populismos y los autoritarismos se consoliden. De hecho, América Latina sigue teniendo muy pocas democracias plenas: Uruguay, Costa Rica… ya ni siquiera Chile”.
Muchos sistemas ya son considerados regímenes híbridos y, por supuesto, hay regímenes autoritarios y dictaduras que funcionan abiertamente en la región, amplia el investigador. “Sumado a todo ello, el crimen organizado se ha convertido en uno de los principales problemas de la región. Entonces lo que se ve es a una sociedad civil atrapada entre unos gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos, que no respetan el Estado de derecho y que usan la fuerza del Estado para imponer sus agendas; y, por el otro lado, al crimen organizado. La gente se siente atrapada en medio de esas fuerzas. La sociedad civil se ha visto debilitada y atravesada por altos niveles de corrupción e impunidad. Todo esto ha llevado a desestabilizar la región, a consolidar economías ilícitas y a que no haya un entorno institucional, normativo y regulatorio que permita y que ayude a que la gente supere la condición de pobreza. Por un lado, los Estados imponen a través de sus políticas proteccionistas y redistributivas unas enormes barreras a la creación de riqueza, se valen de la redistribución para llevar adelante y sostener proyectos autoritarios y populistas y, por el otro, están las economías ilegales que son controladas por grupos dedicados al crimen organizado”, puntualiza el experto colombiano.
Mazzina advierte con preocupación la influencia del “Castrochavismo” – es decir, del eje Cuba-Venezuela en toda la región. También destaca la actividad corrosiva del Grupo de Puebla y del Presidente López Obrador de México. Señala que México muestra una erosión democrática acelerada: “el gobierno mexicano está destruyendo instituciones y autocratizándose rápidamente en línea con sus mentores”. El gobierno Fernández/Fernández en Argentina ha sido desastroso a diferentes niveles: su plan era la impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y con el avance sobre el Poder Judicial ha quedado claro que es un gobierno que genera desconfianza a nivel político, institucional, económico y que ha llevado la política internacional y la diplomacia a la lucha ideológica. Y, por si fuera poco, ahora abraza a los regímenes de Cuba y de Venezuela vía la CELAC. El gobierno de Boric en Chile no lo está haciendo mejor: el resultado del plebiscito y la aprobación presidencial son la respuesta contundente de la percepción ciudadana sobre la gestión Boric, ilustra la experta.
Todavía está por estudiarse la responsabilidad de Evo Morales y su gente en las protestas de las últimas semanas en Perú, así como analizar todo lo que ha sucedido en Brasil. Hay que revisar los paradigmas y el doble estándar, dice Mazzina en consonancia con Chacón, al precisar que hay un problema de definición y de contenido: “¿Si son los seguidores de Jair Bolsonaro y se manifiestan, es un golpe de Estado; pero si son los seguidores de Pedro Castillo es el pueblo luchando pacíficamente contra la oligarquía? ¿Cuándo es el pueblo que se manifiesta libremente? ¿Y en qué momento el pueblo manifestándose constituye un golpe de Estado? Claramente los eventos que tuvieron lugar en Perú constituyen un intento de golpe de Estado desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Lo acaecido en Brasil, el día de la posesión del Presidente Lula, hay que entenderlo en el contexto de sociedades partidas, y ese es un dato a considerar en toda la región. Si se observan las elecciones Castillo/Fujimori (Perú), Lula/Bolsonaro (Brasil), Fernández/Macri (Argentina), o incluso la de Petro (Colombia), son elecciones territorialmente partidas. No sólo están ideológicamente situadas en polos opuestos, sino que esos dos polos se expresan territorialmente. Esta situación ya no sólo es un peligro o una amenaza para la democracia en la región sino para la propia conformación de nuestros Estados nacionales”, concluye la experta argentina.
Clara Riveros es politóloga, analista política y consultora en temas relacionados con América Latina y Marruecos. Es autora de los libros Autocracia, democracia y constantes vitales en el reino magrebí; Sexo, pudor y poder. Debates del siglo XXI en el norte de África; Diálogo transatlántico entre Marruecos e Iberoamérica; y, Diálogos transatlánticos, Marruecos hoy. Los cuatro libros han sido publicados en España por Alhulia.
En Twitter: @CLARARIVEROS
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