By BAS editor Francisco Compan
La crisis del coronavirus en España entra en un mes de octubre marcado por el cierre parcial de la Comunidad de Madrid que tiene uno de los peores datos de incidencia del virus de todo el país. En algunas partes de la comunidad hay incluso más de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes lo que ha llevado al gobierno central tomar el control y restringir la entrada y salida en, de momento, once municipios.
Desafortunadamente, el problema de la gestión de la pandemia en la región de la capital de España se ha visto agravado por las tensiones políticas entre el gobierno central y los líderes del gobierno autonómico de Madrid. La disputa entre ellos ha monopolizado prácticamente los titulares de prensa desde el verano. Y es que la decisión del gobierno central de ceder una parte de la gestión de la crisis a los gobiernos autonómicos al principio de la “desescalada”, derivó en el comienzo de una serie de acusaciones entre partidos políticos y una falta de cooperación entre ciertas comunidades.
Aunque la incidencia del virus haya estado en alerta roja desde agosto, según el Ministerio de Sanidad, la relativa independencia autonómica ha llevado a, en ocasiones, grandes diferencias en las medidas tomadas. El Principado de Asturias ha sido un ejemplo de buena gestión e impuso el uso de la mascarilla desde el principio del verano en zonas urbanas y en zonas rurales donde no se pudiera garantizar el distanciamiento social. Madrid, por el contrario, fue la última comunidad, exceptuando a Canarias, en imponer esta medida recomendada por la OMS. En cualquier caso, España ha identificado un número alarmante de contagios en esta segunda ola, en parte porque ha hecho una gran cantidad de pruebas PCR. En España, en contraste con otros países europeos como el Reino Unido, se hicieron pruebas a profesores antes del comienzo del curso escolar, y en general a cualquier persona que lo solicitara, con diferencias entre comunidades también. Ciertas regiones, como es el caso de Asturias, requieren que todos los pacientes se sometan a una PCR antes de cualquier cita médica.
Por otra parte, el auge de la telemática, impulsado por la Covid, ha traspasado el entorno laboral y ha llegado al penitenciario, de lo que se beneficiará en gran medida el exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado concederle el tercer grado bajo control telemático, por lo que el condenado por el caso de las tarjetas black, y recientemente absuelto por el caso Bankia, ya no necesitará pasar más noches en prisión.
Aunque las noticias estén casi monopolizadas por la pandemia, siempre nos quedará la Casa Real para darnos un descanso del virus. A los ya innumerables deslices del rey emérito, ahora huido a Emiratos Árabes Unidos, se suman otras acusaciones de corrupción que lo vincularían a la adjudicación ilegal de la construcción de la línea de tren de alta velocidad a la Meca. Mientras tanto, en España, Unidas Podemos ha advertido que una de las tareas fundamentales del partido como socio de gobierno del PSOE es avanzar hacia un “horizonte republicano”. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, ha recalcado que el Jefe del Estado debería ser elegido por los ciudadanos y que éste debe responder ante la Justicia como todo el mundo. El ataque de Iglesias a la Corona se topó con un quizá inesperado defensor de Juan Carlos I, en la figura de Felipe González, antiguo presidente del Gobierno, quien destacó la dimensión histórica del rey emérito y su “fantástico servicio” a España.
En caso de que la crisis de la pandemia y los escándalos de la Casa Real no sean bastante para caldear el ambiente, el Tribunal Supremo, en un ataque de mano izquierda sin precedentes, léase sarcásticamente, ha confirmado la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. El ya expresidente catalán ha sido declarado culpable de un delito de desobediencia por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, durante la campaña electoral, una pancarta de apoyo a los presos del procès del Palau de la Generalitat. Esta situación llevará a Cataluña a unas elecciones que sucederán, con mucha probabilidad, el 14 de febrero, día de San Valentín para más inri.
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