by Jean Paul Brandt
Chile no es un lugar cualquiera. Yuxtaponiendo la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Chile ofrece una de las geografías, floras y faunas más diversas del mundo. Es el país más austral, largo y estrecho del mundo: su ubicación al final de la costa suroeste de Sudamérica le ha ganado su apelativo de “el fin del mundo”.
Sin embargo, tan compleja como su geografía, la política económica de Chile ha tenido cambios agresivos que han cambiado la configuración económica y social del país de forma radical.

A partir de principios de los 1970s, cuando Chile instauraba un modelo socialista de nacionalización de bienes naturales y productivos bajo la presidencia de Salvador Allende, los Estados Unidos comenzaba a gestar paralelamente un plan global del gobierno, impulsado por la Guerra Fría, para formalizar el desarrollo tecnócrata de América Latina. Dichos movimientos internacionales provocaron en Chile un impacto de magnitudes trágicas, promoviendo una de las más famosas y sanguinarias dictaduras en Latinoamérica, la dictadura militar de ultra-derecha de Augusto Pinochet en 1973-1990, donde también se consolidó el modelo económico neoliberal.
Crecer en el Chile de la pos-dictadura significaba, en aquel entonces, vivir en un país que poco a poco se recuperaba de la brutalidad del gobierno militar y la crisis económica. La educación se comenzó a transformar en un recurso cada vez más accesible y aspiracional, y la clase más pobre comenzaba a ingresar en una anhelada clase media. Chile, en este sentido, comenzó a gestar uno de los procesos económicos y sociales más explosivos alguna vez registrados.
En el 2010 Chile fue parte del histórico hito de ser el único país de Latinoamérica en ser reconocido como un país desarrollado, ingresando oficialmente a la OECD por sus altos estándares de calidad de vida. Sin embargo, desarrollarse en este nuevo Chile distaba mucho del glamour de los índices internacionales. El desarrollo impulsado por el modelo neoliberal y la externalización del mercado nacional ha mermado en gran medida el rol del Estado como agente regulatorio, generando una brecha social desde el mundo privado.

Hoy en día, si bien Chile cuenta con bajos índices de pobreza y desempleo, y altos índices de educación, la diferencia entre quienes pueden optar a mejores servicios, tanto como de salud, educación, vivienda, etc., es abismante, incluso entre la misma clase media. A diferencia de muchos países europeos e incluso algunos latinoamericanos, el sistema público en Chile está considerado por la población local en el estándar más bajo. Y dado el reducido poder del Estado de derecho, el aumento descontrolado del capital y su mala distribución, aumentó drásticamente el costo de vida en el país. Así, por ejemplo, hoy en día la canasta de alimentos básicos en Chile podría llegar a costar 3 veces más que en Londres, mientras que el salario mínimo es 1/5 del mismo.

De esta forma, las diferencias sociales se acentuaban rápidamente y la distinción de clase polarizó a los chilenos en extremos: “gente de esfuerzo” y “acomodados”. Entre tanto, los “súper ricos” mantenían su jerarquía: sólo 4 familias en Chile han controlado casi el 50% porciento de los activos económicos del país durante las últimas décadas.
En octubre del 2019, producto de la persistente inequidad e inestabilidad social, se genera el “Estallido Social” en Chile, detonado por una serie de alzas en el transporte público pero que recae finalmente en (i) el descontento con el modelo socioeconómico neoliberal, (ii) desigualdad social y económica y el elevado costo de vida, (iii) excesivos abusos de poder y casos de corrupción, y (iv) pocos derechos sociales garantizados.
Luego de numerosos enfrentamientos, que dejaron miles de heridos y decenas de fallecidos, la presión social hizo que el gobierno de Sebastián Piñera finalmente aprobase un plebiscito para octubre del 2020 para redactar una nueva constitución. Éste sería el primer plebiscito nacional desde 1989 (cuando se realizó un referéndum para derrocar la dictadura de Pinochet), otorgándole un valor simbólico en donde casi el 80% de la población votante aprobó cambiar la constitución de la dictadura por una nueva, que buscaba ser generada a través de una Asamblea Constituyente – proceso que aún sigue en vigencia.

Con todo, Chile es un país que se encuentra reestructurándose a sí mimo en estos momentos, buscando cambiar las estructuras sociales hegemónicas de poder. Sin duda Chile ya no es la región emergente de los 80s, ni el modelo económico de los 00s. Sin embargo, sigue siendo el país con una de las economías más fuertes de Latinoamérica, y sus revoluciones sociales buscan rápidamente generar políticas públicas de garantías sociales inclusivas.
Jean Paul Brandt is a PhD candidate in Text and Image Studies at the University of Glasgow.