BAS editor Alfredo Benito
Probablemente sea difícil encontrar en estos últimos años alguien que no tenga a su alrededor el típico familiar -en España lo llamamos literalmente “cuñao”- que especialmente en verano y tras semanas sin que el termómetro baje de los 40 grados diga medio enfadado: “¡toda la vida ha hecho calor en verano, menuda novedad!”.
Es obviamente su forma rudimentaria de negar el cambio climático y sus consecuencias. Rudimentaria por la ausencia de argumentos, y este verano en la Península Ibérica los datos son elocuentes y contundentes: la ola de calor de agosto duró 16 días consecutivos, alcanzando en algunas zonas temperaturas superiores a los 46 grados.
Además, para los que tenemos orígenes castellanos – de Segovia para ser exactos – es fácil recordar cómo hace dos décadas las noches en agosto en esa zona del centro de la Península eran frías y la gente tenía que usar un edredón o una manta para dormir. Ahora el negocio de los aires acondicionados se frota las manos también en esta zona de España.
Todo esto viene a cuento del verano más terrible en materia de incendios que se recuerda: desde 1994 no se habían quemado tanta superficie, en concreto, 393.278,99 hectáreas. Eso solo en 8 meses y el 90% únicamente en el mes de agosto. Es lógico además entender que los medios de extinción de hace 31 años no eran tan eficientes como los de ahora, lo que muestra la gravedad del caso.
Nueva generación de incendios
Expertos científicos ya hablan de una nueva generación de incendios: incendios de sexta generación, o mega incendios. Este término fue acuñado por un ingeniero de montes catalán, Marc Castellnou, conocido como el “gurú del fuego” en el mundillo científico. Este nuevo tipo de incendio se caracteriza no por su tamaño, sino por su dinámica y la increíble capacidad de retroalimentarse, lo que le convierte en un fenómeno casi incontrolable.
Son varios los factores que favorecen la agresividad de este nuevo tipo de fuegos. Y este verano, en los medios de comunicación hemos escuchado, no solo a bomberos y expertos forestales, sino a personas que conocen el mundo rural hablar de cómo el abandono de la agricultura y el pastoreo convierte algunas zonas en el lugar perfecto para el avance del fuego.
Marta Corella, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, señala una paradoja: “España es el segundo país más forestal de Europa, pero no está considerado un sector estratégico. El abandono rural y la falta de gestión del territorio son la gran causa de esta situación”.
Esa gestión y conservación de los bosques sigue siendo, por tanto, una asignatura pendiente de los gobiernos regionales que no invierten, en general, dinero suficiente. Desde Greenpeace, por ejemplo, advierten que solo el 22,2% de la superficie forestal posee planes de ordenación del territorio, es decir, tareas para prevenir los incendios. Centrarse únicamente en mejorar la capacidad de extinción de un fuego tampoco parece la mejor solución. Víctor Resco de Dios es catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y afirma con contundencia que “ningún país tiene los suficientes medios cuando se dan eventos simultáneos, como los de este año”. Así que parece más sensato dar estabilidad -laboral y financiera- a las plantillas de bomberos de las comunidades autónomas, y durante el periodo invernal utilizar a estos profesionales para tareas de prevención en lugares estratégicos de gestión de los incendios forestales.
Tristemente, los datos de Eurostat no dejan en muy buen lugar a nuestro país: perdió 2.600 bomberos, convirtiéndose en uno de los pocos países de la UE que adelgazó las plantillas. Lo peor es que esa reducción de efectivos la llevó a cabo en 2024, pese al alto riesgo de incendios.
Aunque todavía hay muchos que niegan el influjo del cambio climático en estas catástrofes, lo cierto es que las predicciones de los expertos ya apuntaban a que en el futuro estos fenómenos serían cada vez más frecuentes y extremos. En 2019, un informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ya señalaba que a consecuencia de las condiciones climáticas extremas que vivía el planeta aparecerían incendios de esta intensidad.
Como era de esperar, el verano de 2025 ya ha sido proclamado oficialmente como el más cálido en la historia de España desde que constan registros. Durante junio, julio y agosto se registraron 33 días de ola de calor, con sus correspondientes “noches tropicales”, por definición, aquellas en las que las temperaturas no descienden de los 20 grados.
Ese calor constante y los fuertes vientos consiguieron colocar al noroeste de España en una situación crítica inédita. Galicia sufrió al menos 12 incendios forestales de gran envergadura simultáneos en la provincia de Ourense y en la provincia de León, en pocos días, el 15% de su superficie se quemó. Además, lamentablemente, hasta 7 personas perdieron su vida a causa del fuego: cuatro de ellos bomberos en labores de extinción, más dos voluntarios y un hombre que falleció en el incendio de Tres Cantos (Madrid).
La pelea política
En los últimos tiempos en España, la rivalidad política no deja un solo terreno libre de ser empleado para castigar al opositor. Y, por supuesto, a la oleada de incendios le siguió -como ya ocurriera con la DANA de octubre de 2024- la oleada de insultos y acusaciones entre el Gobierno y parte de la oposición.
Las hostilidades comenzaron cuando algunos miembros del Gobierno y algunos medios de comunicación afearon al presidente de Castilla-León que estuviera de vacaciones en Cádiz mientras su región ardía. No esta de más recordar que las competencias sobre incendios y gestión forestal en un país descentralizado como España pertenecen a las comunidades autónomas. Pero, ni siquiera ese detalle fue suficiente como para que cada parte asumiera sus responsabilidades.
El Partido Popular se lanzó entonces a acusar a Pedro Sánchez de no poner todos los medios de extinción de incendios a disposición de las comunidades autónomas.
Lo cierto es que, ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español reaccionó muy pronto activando la Unidad Militar de Emergencias (UME), que acabó teniendo sobre el terreno más de 1400 militares. Poco después, también se activó el mecanismo europeo de protección civil, recibiendo medios aéreos y brigadas de apoyo de varios países aliados, entre ellos Francia, Italia o Países Bajos.
Al parecer, no fue suficiente y los presidentes de algunas comunidades autónomas solicitaron por carta al Gobierno una cantidad de medios que, según la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, superaba el total de medios disponibles en toda la Unión Europea.
Mirada al futuro
Hace 22 años ya -en 2003- que España consolidó oficialmente una Ley de Montes, que obliga a las comunidades autónomas a aplicar medidas inmediatas, como prohibir hacer barbacoas o encender hogueras, si hay predicción oficial de riesgo de incendio muy alto o extremo. Asimismo, esa ley recoge con ¿claridad? el marco jurídico competencial. Quizás esa falta de claridad no permite que la opinión pública sepa con certeza a quién pedir responsabilidades. Y algunos políticos se aprovechan de esa supuesta ignorancia del público para sacar rédito político.
No sería complejo resumir en este caso las competencias de la siguiente manera: el artículo 43 de la Ley de Montes indica que son las comunidades autónomas las que deben organizar la prevención, detección y extinción de los fuegos; el Gobierno central debe ayudar a las autonomías con los recursos estatales disponibles, y los municipios de más de 20.000 habitantes también deben colaborar en la prevención y extinción. Tan simple como eso.
Un informe del Banco Mundial y la Comisión Europea de 2024 (Economics for Disasters Prevention and Preparedness) cifra en un coste medio anual de 1.800 millones de euros lo que le suponen los incendios forestales a España. Eso incluye no solo lo que cuesta apagar un incendio, sino los efectos sobre la economía de la zona, la repoblación forestal o la recuperación del ecosistema.
Pero lo que deja claro el informe es que, aun siendo alto ese coste, lo es mucho más la inacción. Así que la tarea que le corresponde a España como nación es ponerse a trabajar juntos para no caer en esa inacción y adelantarse a los problemas futuros.
Bulletin of Advanced Spanish 